Claudia Sheinbaum señala injerencia extranjera en la violencia de Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este martes que la compleja situación de violencia e inseguridad que atraviesa el estado de Sinaloa tiene raíces vinculadas a la injerencia extranjera. Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo federal sostuvo que las dinámicas de criminalidad en la entidad no pueden explicarse únicamente por factores internos, señalando la influencia de actores externos en la desestabilización de la región.

La mandataria enfatizó que el Gobierno de México mantiene una postura clara respecto a la soberanía nacional frente a las presiones internacionales. Según la visión expuesta por la Presidencia, esta injerencia ha impactado negativamente en las estrategias de seguridad que las autoridades federales implementan en conjunto con las fuerzas armadas en el noroeste del país.

Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se ha informado que la Guardia Nacional, en coordinación con la SEDENA y la SEMAR, continúa reforzando el despliegue operativo en los municipios más afectados de Sinaloa. El objetivo, según las autoridades, es recuperar la tranquilidad pública y desarticular las células delictivas que operan en la zona, las cuales, a decir de la Presidencia, han sido alimentadas por redes de tráfico provenientes del exterior.

Por su parte, el equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha reiterado la importancia de mantener una política de respeto mutuo con los socios comerciales y aliados internacionales. La administración federal ha propuesto fortalecer los mecanismos de inteligencia y cooperación técnica, siempre bajo el respeto irrestricto a la soberanía de México y sin permitir que intereses ajenos dicten la agenda de seguridad nacional.

Finalmente, la Presidenta hizo un llamado a la unidad nacional ante los desafíos que enfrenta Sinaloa. El Gobierno de México mantiene el compromiso de garantizar el orden público mediante acciones coordinadas, descartando cualquier tipo de intervención que vulnere las atribuciones del Estado mexicano en el combate al crimen organizado.