Diputada propone en Cámara de Diputados legalizar la muerte asistida en México

La diputada Elena Segura, integrante del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, presentó formalmente una iniciativa de reforma al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La propuesta busca garantizar el derecho a la muerte voluntaria asistida y el acceso universal a cuidados paliativos para pacientes que enfrentan enfermedades incurables e irreversibles en el territorio nacional.

El documento entregado ante la Mesa Directiva plantea que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de brindar alternativas dignas ante el sufrimiento extremo causado por padecimientos degenerativos. Según el equipo de la legisladora, la intención de esta reforma es establecer un marco jurídico que proteja tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud, asegurando que la decisión sea voluntaria, informada y libre de presiones externas.

La propuesta destaca que la muerte asistida debe ser considerada como una opción médica y no como un procedimiento aislado, por lo que su implementación estaría estrictamente vinculada a la obligatoriedad de los cuidados paliativos. De esta manera, el sistema de salud nacional, incluyendo instituciones como el IMSS y el ISSSTE, tendría que adaptar sus protocolos para acompañar a los pacientes en las etapas finales de sus vidas bajo estándares éticos y de derechos humanos.

El proyecto de ley ahora deberá ser turnado a las comisiones correspondientes dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro para su análisis y dictaminación. En caso de avanzar en el proceso legislativo, el texto requeriría la aprobación de la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como el respaldo de la mayoría de las legislaturas estatales para concretar la modificación constitucional.

La iniciativa ha generado diversas posturas entre los legisladores de distintas bancadas, quienes han señalado la necesidad de abrir foros de consulta con especialistas en bioética, médicos y representantes de la sociedad civil. La discusión parlamentaria se centrará en los próximos meses en equilibrar los derechos individuales con las atribuciones del Estado en materia de salud pública y el respeto a la dignidad humana.