lunes, 19 de octubre de 2026
México

Gobierno de México buscará reactivar fichas rojas de Interpol contra pareja

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la decisión de Interpol de retirar las fichas rojas contra Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga, señalando posibles irregularidades en el proceso.

Redacción Crónica de México
Foto: lopezdoriga.com

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles desde Palacio Nacional que su administración solicitará formalmente a la Interpol la reactivación de las fichas rojas emitidas contra Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga. Esta determinación surge tras darse a conocer que el organismo internacional retiró las alertas de búsqueda contra ambos personajes, quienes enfrentan acusaciones por delitos financieros relacionados con el uso de empresas factureras.

Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo federal calificó a los señalados como personas vinculadas con esquemas de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La mandataria enfatizó que el Gobierno de México no permitirá que la justicia sea evadida mediante procedimientos administrativos internacionales y anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Fiscalía General de la República, iniciará las gestiones diplomáticas y legales necesarias para revertir esta resolución.

La postura del Gobierno de México subraya una política de cero tolerancia contra la evasión fiscal y el uso de mecanismos financieros ilícitos. Según lo expuesto por el equipo de la Presidencia, se buscará presentar evidencia adicional ante las autoridades de Interpol que sustente la necesidad de mantener la búsqueda activa de ambos implicados. La solicitud se basa en la urgencia de garantizar que los procesos judiciales abiertos en el país continúen su curso sin obstáculos externos.

El caso ha generado reacciones en el ámbito político nacional debido a la relevancia mediática y legal de los involucrados. Las autoridades mexicanas mantienen su compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho y la colaboración con agencias internacionales para asegurar que ninguna persona acusada de delitos graves contra el erario público permanezca fuera del alcance de la justicia nacional.

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