México registra 4.9 millones de líneas celulares canceladas por normativa vigente

El proceso de registro obligatorio de líneas móviles en México ha alcanzado un hito significativo tras la depuración de 4.9 millones de cuentas que no cumplieron con los requisitos estipulados por la normativa vigente. Esta medida, implementada para fortalecer la seguridad y el control de las telecomunicaciones en el país, ha impactado principalmente al segmento de prepago, el cual representa el mayor volumen de usuarios en territorio nacional.

De acuerdo con los datos más recientes, el sistema ha logrado registrar satisfactoriamente a 68 millones de líneas celulares hasta finales de julio de 2026. A pesar de este avance, las autoridades competentes han señalado que todavía existen cerca de 40 millones de líneas en modalidad de prepago que se encuentran pendientes de completar su registro, lo que sugiere que el proceso de depuración continuará durante los próximos meses.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en coordinación con las instancias de seguridad, monitorea de cerca la transición de los usuarios restantes. El objetivo central de esta política es garantizar que cada línea activa esté asociada a una identidad verificable, dificultando así el uso de dispositivos móviles para actividades ilícitas que han afectado la seguridad pública en diversas entidades federativas.

Para aquellos usuarios que aún no han regularizado su situación, el llamado de las autoridades es acudir a los centros de atención de sus respectivos operadores de telefonía. El plazo para concluir este registro es fundamental, pues se prevé que las líneas que permanezcan sin la información necesaria tras el periodo de gracia establecido sufrirán la suspensión definitiva del servicio, tal como ha ocurrido con los casi cinco millones de casos reportados recientemente.

Este despliegue administrativo representa uno de los retos logísticos más complejos para las empresas de telecomunicaciones en México en los últimos años. Mientras tanto, la vigilancia sobre el cumplimiento de la ley se mantiene estricta, buscando equilibrar la protección de los datos personales con la necesidad de contar con un padrón confiable que contribuya a la estrategia nacional de seguridad y prevención del delito.