OCDE señala retos pendientes para fortalecer el sistema de pensiones en México

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó un informe este lunes en el que reconoce los avances significativos de México en materia de pensiones, aunque subrayó que el sistema aún enfrenta desafíos estructurales. El organismo internacional enfatizó que, ante la transformación constante del mercado de trabajo y los cambios demográficos, la política pública debe mantenerse en una dinámica de actualización permanente para garantizar la viabilidad financiera y la suficiencia de los retiros a largo plazo.

De acuerdo con el análisis, aunque las reformas previas han logrado ampliar la cobertura y mejorar las tasas de reemplazo, la informalidad laboral sigue representando un obstáculo mayor para la consolidación del sistema. La OCDE destaca que la integración de los trabajadores independientes y la adaptación de los esquemas de ahorro a las nuevas formas de empleo digital son tareas fundamentales que el Estado mexicano debe abordar en el corto y mediano plazo.

El reporte subraya que el sistema pensionario no debe ser visto como un trabajo terminado, sino como una estructura viva que requiere ajustes constantes ante la evolución de la sociedad mexicana. La integración de nuevas tecnologías en la gestión de cuentas individuales y la transparencia en la administración de los fondos son señaladas como áreas donde México podría implementar mejoras sustanciales para fortalecer la confianza de los ahorradores.

Por su parte, especialistas en temas económicos sugieren que cualquier propuesta de reforma futura deberá considerar el envejecimiento de la población y la sostenibilidad fiscal del país. Se plantea que el diálogo entre el sector privado, los trabajadores y las dependencias gubernamentales, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), será crucial para diseñar mecanismos que protejan el poder adquisitivo de los futuros jubilados.

Finalmente, el informe enfatiza que la transición hacia una economía más formal y la digitalización de los procesos administrativos permitirán reducir las brechas de desigualdad en el sistema. Los expertos coinciden en que la agenda pública debe priorizar la creación de incentivos que fomenten el ahorro voluntario y la certidumbre jurídica, elementos indispensables para que el sistema de pensiones evolucione a la par de los retos globales del siglo XXI.