Quintana Roo impulsa la creación de la Secretaría de las Mujeres

El gobierno de Quintana Roo ha enviado formalmente una iniciativa de reformas al Congreso del estado con el objetivo de crear la Secretaría de las Mujeres. Este movimiento legislativo busca transformar la estructura administrativa actual para fortalecer las capacidades institucionales destinadas a la protección y promoción de los derechos de las mujeres en la entidad. La propuesta responde a la necesidad de otorgar mayor jerarquía y recursos a las políticas públicas enfocadas en la igualdad sustantiva y el combate a la violencia de género.

La iniciativa se alinea con la visión del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha impulsado reformas constitucionales para garantizar la protección de los derechos de las mujeres en todo el país. Al elevar el estatus de la dependencia, el gobierno estatal pretende consolidar una estructura gubernamental más eficiente que permita una coordinación directa con las instancias federales de bienestar y seguridad. Se espera que este cambio facilite la implementación de programas con un enfoque transversal en los once municipios del estado.

De acuerdo con el equipo de gobierno, la creación de esta Secretaría permitirá que la administración estatal tenga una mayor capacidad de respuesta ante las demandas sociales en materia de género. La propuesta contempla la reasignación de facultades administrativas para asegurar que las políticas de prevención y atención cuenten con un presupuesto más sólido y una estructura operativa centralizada. El documento ya se encuentra bajo análisis de las comisiones legislativas correspondientes en el recinto parlamentario de Chetumal.

El proceso legislativo continuará en los próximos días con las mesas de trabajo necesarias para discutir los alcances de la reforma. Una vez que la iniciativa sea debatida y, en su caso, aprobada por el pleno del Congreso, se procederá a la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado para su entrada en vigor. Este paso administrativo marca un precedente en la gestión pública local al reconocer la atención a la agenda de género como una prioridad de primer nivel en el organigrama gubernamental.