Sedema aclara que fideicomiso PRO-ZOO no financia operación de zoológicos

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México emitió un comunicado este viernes para aclarar las funciones del Fideicomiso PRO-ZOO, desmintiendo versiones sobre su injerencia en la operatividad diaria de los Centros de Conservación de Vida Silvestre. La dependencia enfatizó que dicho instrumento financiero no tiene como objetivo cubrir los gastos cotidianos, como la alimentación de los ejemplares o el mantenimiento corriente de las instalaciones, responsabilidades que recaen directamente en el presupuesto operativo de la administración capitalina.

De acuerdo con la información institucional, el fideicomiso fue diseñado con fines específicos que no incluyen la nómina ni la administración de los insumos básicos necesarios para el funcionamiento de los zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes. La Sedema puntualizó que los recursos asignados a través de este mecanismo se destinan estrictamente a proyectos particulares de mejora, conservación y programas educativos determinados en sus reglas de operación vigentes.

Esta aclaración busca disipar dudas sobre la gestión de recursos públicos en el sector ambiental, en un momento donde la transparencia en el gasto de los centros de fauna es un tema de interés para la ciudadanía. La autoridad ambiental subrayó que los centros de conservación operan bajo una estructura administrativa centralizada, permitiendo un control directo sobre los estándares de bienestar animal y las condiciones de infraestructura que se requieren para la atención de las diversas especies bajo resguardo.

Finalmente, la Secretaría reiteró que cualquier proyecto de infraestructura mayor o iniciativas de conservación especial que requieran financiamiento externo o privado deberá seguir los lineamientos establecidos por la normativa local. Los procesos de rendición de cuentas sobre estos recursos continúan bajo supervisión de las instancias fiscalizadoras correspondientes, garantizando que el uso del dinero público cumpla con los objetivos de protección a la biodiversidad urbana.