Sheinbaum califica como impagable la deuda heredada por el Fobaproa

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este sábado que la deuda derivada del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) se ha convertido en una carga financiera impagable para el Estado mexicano. Durante su conferencia matutina, la mandataria cuestionó el esquema histórico que permitió la socialización de pérdidas bancarias, calificándolo como un mecanismo que favoreció de forma desproporcionada a banqueros y grandes empresas en perjuicio de las finanzas públicas.

La titular del Ejecutivo federal detalló que el peso de estos pasivos, que han sido cubiertos por el erario durante décadas, limita la capacidad de inversión en infraestructura y programas sociales. Según la visión del gobierno actual, el rescate bancario de finales de los años noventa consolidó un modelo de privilegios que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue drenando recursos que podrían destinarse a prioridades nacionales de desarrollo.

En su intervención, Sheinbaum recordó que el esquema original fue diseñado bajo una lógica de protección al sector financiero que no contempló la sostenibilidad a largo plazo para el país. La administración federal ha insistido en que el impacto presupuestal de los intereses y el capital de esta deuda representa uno de los mayores desafíos para la actual Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su ejercicio fiscal anual.

Ante este panorama, el equipo de presidencia adelantó que se realizarán análisis técnicos detallados para evaluar el estado actual de los compromisos financieros vinculados a este fondo. La intención, según lo expuesto, es documentar las irregularidades que marcaron el proceso y buscar alternativas legales y administrativas que permitan reducir la presión que este adeudo histórico ejerce sobre el presupuesto federal.

La postura de la presidencia busca abrir un debate nacional sobre la responsabilidad financiera de las instituciones bancarias y la necesidad de revisar los convenios que aún obligan al Estado a cubrir estos costos. Por ahora, el gobierno federal mantiene la revisión de los términos financieros para determinar las rutas de acción ante lo que consideran un lastre para la soberanía económica de México.