Sindicatos en Nayarit denuncian persecución legal tras exigir prestaciones laborales

Trabajadores sindicalizados al servicio del estado de Nayarit han denunciado en las últimas semanas una estrategia de presión administrativa y legal tras realizar movilizaciones para exigir el cumplimiento de diversas prestaciones laborales. Según los afectados, el gobierno encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero ha respondido a las demandas gremiales mediante la judicialización de los conflictos, derivando en la pérdida de sus empleos y la apertura de carpetas de investigación ante la fiscalía local.

Los trabajadores señalan que, tras las protestas públicas, la Fiscalía General del Estado de Nayarit ha iniciado procesos bajo el cargo de "apología del delito". Este proceder ha generado preocupación entre diversos colectivos laborales, quienes consideran que el uso de la estructura judicial para dirimir controversias de carácter administrativo vulnera el derecho constitucional a la libre manifestación y a la libertad de asociación sindical.

Representantes de los grupos inconformes han manifestado que, pese a intentar establecer mesas de diálogo con la administración estatal, la respuesta ha sido una negativa sistemática y el endurecimiento de las medidas disciplinarias. Los empleados sostienen que sus demandas se centran exclusivamente en el pago puntual de beneficios contemplados en sus contratos colectivos, rechazando que sus acciones tengan fines ajenos a la defensa de sus derechos laborales.

Por su parte, el gobierno estatal mantiene una postura de estricto cumplimiento de la legalidad, argumentando que las acciones de los manifestantes han afectado el servicio público y la operatividad de las dependencias. La tensión en el sector laboral nayarita persiste mientras los trabajadores afectados buscan el acompañamiento de organismos defensores de derechos humanos y la intervención de autoridades federales para revisar la legalidad de los despidos y los procesos judiciales en curso.

La situación se mantiene como un foco de atención en el ámbito político local, donde agrupaciones civiles han solicitado que los conflictos entre las autoridades y los sindicatos se resuelvan mediante la mediación y el respeto a la normativa del trabajo vigente. Hasta el momento, no se ha llegado a un acuerdo que permita restituir las plazas laborales ni desestimar los cargos penales que mantienen a varios exservidores públicos en una situación de incertidumbre jurídica.